Tras la
jornada de huelga educativa, en la que de nuevo han salido a flote
contradicciones en torno al número de personas que han secundado esta huelga
(en torno al 70 por ciento según los sindicatos y un 20 por ciento según el
ejecutivo), parece que el día de ayer ha dejado cierto poso e incluso resaca.
Lo que para algunos es una evidencia flagrante de que en cierto modo, el pulso
lo han ganado los manifestantes y toda la oposición que ha encontrado la
llamada ley Wert, para otros la decisión de posponer por parte del gobierno la
aprobación de la reforma educativa Lomce, es una mera casualidad asiendo este
argumento en meras cuestiones técnicas referidas a la ley.
ABC
aborda esta cuestión de forma lacónica y sucinta exponiendo esta información
sin entrar en la totalidad en el contexto de la misma. Esta referida brevedad se hace patente, aparte del espacio limitado
en cuanto a caracteres que contiene, en la comparativa que se puede abordar de
la misma información a través de otras plataformas. Comparación que emerge con
verdaderos contrastes, y es que aparte del contenido y de las fuentes citadas
en una u otra, se hace llamativo que visualmente la misma noticia en el
diario.es o en Público, doble o triplique el espacio para proyectar esta
información.
La noticia
de ABC deja patente desde el principio que la ley tendrá que “esperar para
recibir luz verde”, pero que esta cuestión descansa en razones meramente
técnicas, en concreto a cuestiones en torno a la memoria económica. Toda esta
información del principio se hace eco de lo manifestado por parte del gobierno,
sin dar otras razones o abordar elementos, que sí emanan del entorno del
ejecutivo. Y es que como por ejemplo, sucede en la misma noticia relatada por
el diario.es “fuentes del Partido Popular han reconocido que la falta de
consenso en torno a la denominada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
están detrás de esa decisión”.
Se podría intuir que una vez más, ABC ya no solo se limita a
enarbolar sus noticias del ámbito político en torno a lo emanado y proyectado
por el gobierno, sino que es capaz de omitir elementos perniciosos que podrían
influir de forma nociva en detrimento de los intereses del ejecutivo, pese a
que puedan proceder del sesgo afín.
Samuel Fernández González
Samuel Fernández González
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